El poder de los ganchos
(Ayer demandas, hoy exigencias)*
El día 14 de Agosto
representantes de la AMPAP
(Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura) junto con miembros de la Coordinadora Por
el Agua y los Bienes Comunes se presentaron ante la Suprema Corte de Justicia
provincial e hicieron entrega de las primeras 35 mil firmas de un petitorio por
la defensa de la ley 7722, la ley que protege el agua de Mendoza prohibiendo
“el uso de sustancias químicas como Cianuro, Mercurio, Ácido sulfúrico y otras sustancias
tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos”.
Desde la Asamblea por el agua San
Rafael, habiendo trabajado en la recolección de firmas y como parte integrante
de la AMPAP
queremos comunicar y reflexionar en torno a esta acción que apenas ha
comenzado.
Nuestras demandas
siempre han sido por el buen vivir, en defensa de los bienes comunes, por la
solidaridad, por la diversidad, por construir una alternativa al paradigma
extractivista, por la vida, por el agua. Esas demandas han conllevado grandes
luchas, y hace ya más de 5 años conseguimos nuestro mayor éxito: la sanción de
la ley 7722, la mejor arma contra la voracidad de las transnacionales
megamineras y su aceitado sistema de penetración en la esfera de nuestros
representantes políticos.
Como era natural,
una y otra vez los partidarios del saqueo han querido hacer a un lado el
obstáculo. Los embates han partido de las grandes empresas mineras y han tenido
como polea de transmisión a cada uno de los poderes en que se divide el Estado
republicano. Primero fueron los devaneos de Jaque con el lobby minero, y a
continuación, las idas y vueltas pragmáticas de Pérez, sus intrigas y sus
intermitentes intentos por reflotar el proyecto San Jorge y reabrir Sierra
Pintada. Al mismo tiempo una irrupción de legisladores pro-mineros que
ambicionan modificar la 7722 quitándole su espíritu y contenido originales. Y
por último un cúmulo de pedidos de inconstitucionalidad, entre los cuales es
importante resaltar el realizado por La Asociación de profesionales de la Comisión Nacional
de Energía Atómica y la
Actividad Nuclear (APCNEAN), han estado ingresando en la Suprema Corte para
hacer desaparecer nuestro mayor escudo legal. Una situación que adquiere mayor
peligrosidad si tenemos en cuenta que la supuesta panacea de la división de
poderes se convierte en una caricatura cuando nos detenemos a observar los
antecedentes políticos de los jueces encargados del dictamen. La participación
del juez Mario Adaro como ministro de Gobierno en la gestión de Celso Jaque y
la clara identificación oficialista del juez Carlos Böhm, quién fuera candidato
a intendente de Ciudad por el PJ en 2007, arrojan un manto de sospecha sobre la
independencia política con que cuenta la Sala II para decidir sobre la constitucionalidad
de la 7722.
Ante éste peligro
inminente, nuestras demandas son hoy exigencias. Estamos exigiendo que la Suprema Corte de
Justicia en pleno ratifique la constitucionalidad de la “ley del pueblo”, que
el poder legislativo provincial no introduzca modificaciones en ninguno de sus
artículos, que el poder ejecutivo provincial garantice su plena vigencia como
fue redactada, sancionada y promulgada y que cada uno de estos poderes al
decidir sobre la 7772 haga prevalecer el principio precautorio establecido en
el Artículo 41 de nuestra Constitución Nacional según el cual “todos los
habitantes gozan del derecho a un ambiente sano”. Cada uno/a de los/as 35.000
ciudadanos/as que estampo su firma en el petitorio tiene la misma exigencia.
¿Pero que
representa esta exigencia de 35 mil ganchos? En términos estrictamente
numéricos representa casi el 3% del padrón electoral provincial que en las
últimas elecciones ascendió a aproximadamente un 1.230.000 electores. Un número
nada despreciable si se tiene en cuenta que a nivel nacional la iniciativa
legislativa requiere un piso de un 1,5% del padrón. Lo que se infiere de esto,
es que si en la añeja constitución provincial existiera el método de proponer
leyes y la 7722 no existiera (que a juzgar por los hechos es lo que desean los partidarios
del saqueo) estaríamos en condiciones de enviar su proyecto a la legislatura.
En síntesis, en los parámetros de los mecanismos de democracia participativa la
ley es claramente legítima.
Pero hay mucho más
que números en nuestra exigencia. Lo que estamos señalando, y sacando a la luz,
es que es necesario democratizar la democracia. Sabemos de la infactibilidad de
una democracia directa pero creemos necesario aproximarnos lo máximo posible a
ello. Al corporativismo, el verticalismo y el ejercicio delegativo le queremos
oponer participación y control.
No existe
democracia si no es participativa, no existe Estado representativo mientras
perduré el corporativismo. Por eso estamos aquí, impulsando y haciendo uso de una ínfima posibilidad de control, una
pequeñísima pero fructífera acción en la construcción de una verdadera democracia.
Para edificar la misma es necesario romper el letargo y la apatía pero también
es imperioso que las formas de participación y control sean facilitadas por
nuestros representantes, o como mínimo que no sean bloqueadas. Dónde no existe
normativa debe crearse, y dónde está fue creada debe respetarse el derecho a
ser usada, porque se trata de la defensa de nuestros bienes comunes y no de
recursos naturales, por eso decimos: los ganchos son empoderamiento popular,
FIRMÁ Y SUMATE.
¡NO AL SAQUEO Y LA CONTAMINACIÓN DE
LOS BIENES COMUNES!
¡SÍ A LA SOLIDARIDAD , LA AUTONOMÍA Y LA PARTICIPACIÓN POPULAR !
Asamblea
por el agua de San Rafael
21
de agosto de 2012
“Para el poderoso
nuestro silencio fue su deseo. Callando nos moríamos, sin palabra no
existíamos. Luchamos para hablar contra el olvido, contra la muerte, por la
memoria y por la vida. Luchamos por el miedo a morir la muerte del olvido”.
Subcomandante Marcos
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